Uruguay y la ley de software libre y formatos abiertos.

¿Cuales son los pilares fundamentales?

  1. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, los Gobiernos Departamentales, las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de contralor del Estado, deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar.
  2. En las instituciones y dependencias del Estado mencionadas en el artículo 1º, cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En caso que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón. En caso de que el Estado contrate o desarrolle software, el mismo al ser distribuido, se licenciará como software libre. El intercambio de información realizado con el Estado, a través de Internet, deberá ser posible en, al menos, un programa licenciado como software libre.
  3. Se considera de interés general que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre.
  4. El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 180 (ciento ochenta) días las condiciones, tiempos y formas en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la presente ley y orientará, en tal sentido, las licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación (software) realizadas a cualquier título.
  5. Definiciones a los efectos de la presente ley:
  1. El software libre es el que está licenciado de forma que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones.
    1. Pueda ser usado para cualquier propósito
    2. Tenga acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades.
    3. Pueda ser copiado y distribuido.
    4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía.
  2. El software privativo es todo software que prive de alguna de las cuatro condiciones o libertades inherentes al software libre.
  3. Los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados.
  4. Formatos estándar son los que han sido aprobados por una entidad internacional de certificación de estándares.

Según las palabras de la diputada Daisy Torné, Cuando uno quiere lograr que el Estado funcione de determinada manera lo tiene que decir por ley. Lo que queremos es que el Estado utilice el software libre, que lo promueva, que lo promueva en el sistema educativo, que prefiera utilizar formatos estándar abiertos y libres, antes de privativos. Por lo tanto, si no lo hace, tiene que ser por una razón muy fundada y lo tendrá que poner por escrito. Tenemos que darle una discrecionalidad, no creemos en el mercado libre que ya demostró lo que es.”

La ley contiene varias ventajas para la administración pública y la ciudadanía:

Ahorro en gasto público: el gasto en licencias de software privativo es un lastre para las administraciones públicas difícilmente justificable desde el punto de vista técnico.
Mejora de seguridad: la liberación de documentos de la NSA por parte de Edward Snowden evidenció la necesidad de contar con mayor soberanía informática. El software libre por definición es más seguro y está libre de puertas traseras.

Interoperabilidad: el uso de ficheros de formatos privativos dependientes de una o varias empresas, es complejo y costoso de mantener. Los formatos abiertos y estándares fomenta la interoperabilidad entre las dependencias y asegura el intercambio de archivos eficientemente.

Transparencia: difundir la información pública en un formato abierto permite la transparencia y el libre acceso a los datos por parte de la ciudadanía.

Con esta ley, Uruguay se adelanta a otros países latinoamericanos que ya han optado por software libre, pero que no han legislado a su favor, como Brasil, Ecuador, México o Argentina.
Enhorabuena a Uruguay y esperamos que sea el pionero de otros muchos paises en el futuro.